Buenos Aires – 7 de junio de 2026 – Total News Agency – TNA-. La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresa en una etapa decisiva. El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita esperan dos informes clave antes de avanzar con un eventual requerimiento de justificación patrimonial y con nuevas medidas en la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito, dádivas y posibles negociaciones incompatibles con la función pública.
Según fuentes judiciales citadas por distintos medios, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) trabaja en un informe contable destinado a determinar si los ingresos, bienes, deudas, gastos y operaciones declaradas por Adorni resultan compatibles con su evolución patrimonial. Ese análisis será central para que el fiscal Pollicita evalúe si corresponde pedir formalmente al juez Lijo que intime al funcionario a explicar el origen de sus bienes.
La pesquisa apunta a reconstruir con precisión el crecimiento patrimonial del actual jefe de ministros desde su ingreso al Gobierno. Bajo revisión aparecen operaciones inmobiliarias, compras de vehículos, viajes, gastos corrientes, deudas en dólares y eventuales activos no declarados. En Comodoro Py sostienen que hay períodos en los que los números no cerrarían con facilidad, aunque la situación procesal del funcionario dependerá de los informes técnicos y de las explicaciones que eventualmente pueda presentar.
La lupa judicial se posa, entre otros puntos, sobre un semipiso en Caballito, una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz, la compra de una camioneta, viajes al exterior y deudas que rondarían los US$335.000 con distintos acreedores. De acuerdo con datos públicos de su declaración jurada, Adorni informó al cierre de 2024 un patrimonio de $107,9 millones, contra $61 millones al asumir como vocero presidencial, aunque también declaró un fuerte aumento de sus deudas, por más de 90 millones.
El funcionario sostuvo públicamente que construyó su patrimonio durante sus años en el sector privado y que no tiene nada que esconder. También dijo que no podía brindar mayores precisiones por la existencia de causas penales en trámite. Sin embargo, la Justicia analiza si las explicaciones patrimoniales alcanzan para justificar la evolución detectada o si, por el contrario, corresponde profundizar la investigación.
Un capítulo sensible es el de las criptomonedas. Los investigadores ya habrían detectado movimientos, fondos y billeteras virtuales vinculadas al jefe de Gabinete. La sospecha es que podrían existir más activos digitales, incluso no registrados a su nombre. Según publicaciones periodísticas, la Justicia puso el foco en operaciones por alrededor de US$80.000 que habrían pasado por billeteras virtuales no incluidas en la declaración jurada correspondiente a 2024, además de otras wallets bajo análisis.
En paralelo, Lijo también espera un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) sobre llamadas vinculadas al periodista Marcelo Grandío y a Horacio Silva, presidente de ImHouse, la productora que obtuvo contratos con TV Pública y Radio Nacional durante la actual gestión. Ese reporte puede resultar determinante para establecer si existió alguna influencia irregular desde el entorno de Adorni para beneficiar a una empresa vinculada a su amigo.
El expediente por Grandío y el viaje a Punta del Este investiga presuntas dádivas y negociaciones incompatibles. Durante el último feriado de Carnaval, Adorni, su esposa Bettina Angeletti, sus dos hijos y Grandío viajaron a Uruguay en avión privado. La Justicia busca determinar quién pagó efectivamente los pasajes y si ese traslado pudo haber constituido una ventaja indebida relacionada con contrataciones estatales.
El dato bajo análisis es que ImHouse, empresa vinculada a Grandío, habría pagado los pasajes del vuelo privado, cuyo costo de ida y vuelta fue estimado en US$7.830. Adorni dijo haber abonado su parte, pero hasta ahora, según la información conocida, no apareció un comprobante que lo demuestre de manera concluyente. La pregunta judicial es directa: si el viaje fue un beneficio personal, si hubo contraprestación y si las contrataciones con medios públicos tuvieron algún tipo de mediación política.
La trama se vuelve más delicada porque RTA reconoció al menos seis acuerdos de coproducción con ImHouse, relacionados con ciclos de entrevistas, contenidos digitales y programas radiales. Los contratos contemplaban distintos esquemas de producción, explotación publicitaria y reparto de ingresos. La investigación intenta determinar si esas contrataciones siguieron parámetros normales de administración o si estuvieron atravesadas por relaciones personales incompatibles con la función pública.
El caso golpea en un momento político sensible para el Gobierno de Javier Milei. Adorni no es un funcionario más: fue la voz cotidiana de la administración libertaria desde el inicio, luego escaló a la Jefatura de Gabinete y se convirtió en una pieza central del dispositivo comunicacional oficial. Por eso, cualquier avance judicial sobre su patrimonio o sobre sus vínculos con proveedores del Estado tiene impacto directo sobre la credibilidad del discurso oficial contra la casta y los privilegios.
La investigación todavía no implica una condena ni permite afirmar la existencia de delito. Pero sí abre un frente incómodo para la Casa Rosada, porque obliga al principal portavoz del relato de austeridad y transparencia a explicar cómo financió bienes, viajes, deudas y operaciones patrimoniales bajo examen judicial. En términos políticos, el daño no depende sólo de una eventual imputación más grave, sino de la capacidad de Adorni para despejar sospechas con documentación clara y verificable.
Si el informe de la DAFI confirma inconsistencias relevantes, Pollicita podrá pedir el requerimiento de justificación patrimonial. Si las respuestas del funcionario no satisfacen la hipótesis fiscal, el paso siguiente podría ser la citación a declaración indagatoria. En la otra causa, el informe de DAJuDeCO sobre comunicaciones y vínculos comerciales también podría acelerar una convocatoria judicial.
El Gobierno, que llegó al poder prometiendo terminar con los negocios de la política, enfrenta así una prueba de coherencia institucional. La transparencia no se declama: se documenta. Y en este caso, la Justicia federal parece dispuesta a exigir papeles, comprobantes y explicaciones concretas a uno de los funcionarios más visibles del oficialismo.
