Buenos Aires – 26 junio 2026 – Total News Agency – TNA – La seguridad hemisférica atraviesa una transformación profunda: el crimen organizado dejó de ser únicamente un negocio ilegal y comenzó a comportarse, en varios países de América Latina, como un actor armado con capacidad de disputar territorio, imponer reglas, infiltrar instituciones y utilizar tácticas propias de la guerra irregular.
Un informe regional sobre crimen organizado y terrorismo en América Latina, centrado en marzo de 2026 y elaborado a partir de fuentes abiertas, advierte que las fronteras clásicas entre narcotráfico, insurgencia, terrorismo funcional y gobernanza criminal se están diluyendo. El documento analiza tres casos críticos —México, Colombia y Ecuador— y concluye que la región ya no enfrenta solo redes delictivas orientadas al lucro, sino estructuras híbridas capaces de desafiar al Estado en el plano operativo, institucional y psicológico.
El diagnóstico coincide con el Global Terrorism Index 2026, elaborado por el Institute for Economics & Peace, que registró durante 2025 una caída global del 28 por ciento en las muertes por terrorismo y del 22 por ciento en los ataques. Pero esa disminución no significa desaparición del fenómeno: el terrorismo se volvió más concentrado, más letal en determinados espacios y cada vez más vinculado a zonas fronterizas donde confluyen conflictos armados, economías ilícitas y debilidad estatal.
En ese nuevo mapa, América Latina no aparece como epicentro del terrorismo global clásico, todavía concentrado en África subsahariana y regiones de conflicto yihadista, pero sí como laboratorio de una violencia híbrida. Allí, organizaciones criminales, grupos armados residuales, bandas penitenciarias y redes transnacionales mezclan métodos terroristas con objetivos económicos: matar para intimidar, bloquear ciudades para negociar, usar drones para atacar bases militares, infiltrar policías para garantizar impunidad y controlar barrios o rutas como si fueran territorios propios.
El caso de México expone la resiliencia de las organizaciones criminales frente a la estrategia de “decapitación”. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en febrero de 2026, fue presentada como un golpe histórico. Sin embargo, la reacción posterior mostró que la eliminación de un jefe no implica necesariamente el colapso de la estructura. Según el informe, el CJNG respondió con bloqueos, incendios, ataques simultáneos y una demostración de fuerza en múltiples estados, lo que reveló capacidad de coordinación, coerción territorial y comunicación violenta.
La organización no solo conservó poder de fuego, sino también redes financieras y vínculos de corrupción. Tras la muerte de El Mencho, autoridades mexicanas hallaron documentación conocida como la “narconómina”, con pagos a sicarios, operadores, policías, militares, fiscales y funcionarios. Esos registros confirmaron que el poder del cártel no dependía únicamente de sus armas, sino de una red de protección institucional que le permitía anticipar operativos, sostener rutas y comprar impunidad.
El fenómeno responde al llamado “efecto hidra”: cuando cae una cabeza, surgen otras. La muerte o captura de un líder puede fragmentar a la organización, pero también generar células más autónomas, menos visibles y más difíciles de neutralizar. Para México, el dilema es estratégico. Si el Estado golpea con fuerza, puede provocar represalias. Si reduce la presión, permite el reacomodo criminal. En ambos casos, la corrupción local funciona como multiplicador del poder narco.
En Colombia, el informe identifica otra manifestación del mismo problema: la consolidación de una narcoinsurgencia adaptable. El ELN y las disidencias de las FARC combinan lenguaje político, financiamiento criminal, control territorial y capacidades militares crecientes. La novedad más preocupante es la expansión de los ataques con drones. Según reportes vinculados al Global Terrorism Index 2026, entre 2024 y 2025 Colombia registró 77 ataques con drones armados, una tendencia inédita en la región y atribuida al aprendizaje táctico derivado de otros conflictos, como la guerra en Ucrania.
El uso de drones comerciales adaptados para lanzar explosivos cambia la escala del conflicto. Ya no se trata solo de emboscadas, hostigamientos o minas antipersonal. Los grupos armados pueden atacar bases militares, puestos policiales, patrullas y objetivos rivales con bajo costo, distancia operativa y efecto psicológico elevado. En junio de 2026, mandos militares colombianos advirtieron que enfrentan drones con granadas y sistemas guiados por cable, lo que confirma una sofisticación acelerada de las amenazas.
La dimensión humanitaria es igual de grave. El reporte señala que durante el primer trimestre de 2026 se registraron desplazamientos masivos, confinamientos y secuestros vinculados al accionar de grupos armados. Las regiones más afectadas incluyen Cauca, Nariño, Norte de Santander, Arauca, Antioquia y zonas fronterizas con Ecuador y Venezuela. Allí, la violencia no solo busca eliminar rivales: también ordena la vida cotidiana, impone toques de queda de facto, regula economías ilegales y obliga a comunidades enteras a vivir bajo autoridad criminal.
En Ecuador, el cambio fue más abrupto. El país pasó de ser considerado durante años un corredor logístico relativamente estable a convertirse en un territorio disputado por bandas locales, redes internacionales de narcotráfico y estructuras penitenciarias con capacidad de ordenar violencia desde las cárceles. El informe destaca que, pese a una leve disminución nacional de homicidios en enero y febrero de 2026, el país registró 1.427 asesinatos en los dos primeros meses del año, con Guayaquil como epicentro de la violencia y un repunte inusual en Quito.
El gobierno de Daniel Noboa respondió con una estrategia de militarización. En marzo decretó toque de queda nocturno en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, medida que afectó a una parte importante de la población y se enmarcó en operaciones conjuntas contra estructuras criminales. Reuters informó que la medida buscó respaldar operativos militares y policiales en provincias utilizadas como rutas del narcotráfico.
La ofensiva ecuatoriana incluyó golpes contra campamentos vinculados a disidencias de las FARC, interdicciones marítimas con apoyo de Estados Unidos, destrucción de campamentos de minería ilegal y acuerdos de cooperación con Europol. El reporte menciona una operación naval conjunta en la zona de Galápagos, con la incautación de 2,9 toneladas de cocaína, y la ratificación de mecanismos de intercambio de inteligencia para combatir el crimen transnacional.
Pero la raíz del problema ecuatoriano se encuentra también en sus cárceles. El sistema penitenciario se transformó en centro de mando criminal. Bandas como Los Choneros, Los Lobos, Tiguerones y otras organizaciones disputan pabellones, reclutan, ordenan asesinatos y coordinan operaciones hacia el exterior. Según el informe, más de 420 presos fueron asesinados desde 2021 en masacres carcelarias, lo que muestra que las prisiones dejaron de ser espacios de reclusión para convertirse en nodos de poder mafioso.
Los tres casos muestran un patrón común. En México, el cártel sobrevive a la muerte de su jefe. En Colombia, la insurgencia residual se financia con economías criminales y adopta tecnologías de guerra. En Ecuador, las bandas se internacionalizan y convierten cárceles, puertos y corredores costeros en plataformas de poder. La lógica ya no es solo traficar drogas, sino controlar territorios, disciplinar poblaciones y condicionar decisiones estatales.
Ese fenómeno obliga a revisar las respuestas tradicionales. La seguridad pública clásica, basada en patrullaje, capturas y decomisos, resulta insuficiente frente a organizaciones que operan como redes flexibles, con inteligencia propia, corrupción institucional, armamento pesado, drones, explosivos, control social y capacidad de propaganda. Tampoco alcanza una respuesta puramente militar si no se acompaña de depuración institucional, inteligencia financiera, control penitenciario, cooperación internacional y recuperación efectiva del Estado en territorios abandonados.
El informe propone monitorear indicadores de alerta temprana: frecuencia de narcobloqueos, homicidios en zonas críticas, aparición de nuevas facciones, uso de drones o explosivos, ataques contra fuerzas de seguridad, incremento de extorsiones, nuevas revelaciones de corrupción, disputas entre grupos rivales y presión internacional. Esos indicadores permitirían anticipar si la región se dirige hacia una contención relativa, una escalada abierta o una mutación silenciosa hacia redes criminales más descentralizadas.
La conclusión es incómoda: América Latina ya no puede mirar al crimen organizado como una desviación policial ni al terrorismo como un fenómeno importado desde otras regiones. En varios territorios, ambos mundos se tocaron. Las organizaciones criminales aprendieron a usar el miedo como lenguaje político, la violencia como negociación, la corrupción como blindaje y la economía ilegal como base de gobernanza.
La seguridad hemisférica entra así en una etapa más compleja. La amenaza no siempre tiene bandera, ideología o manifiesto. A veces tiene puertos, cárceles, drones, contadores, policías comprados y células armadas capaces de imponer soberanía criminal en zonas donde el Estado llega tarde o no llega. Ese es el nuevo desafío estratégico de la región.
