La Libertad Avanza rechazó por 38 votos contra 31 el intento del peronismo de devolver a comisión la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y mantuvo abierto un debate que podría extenderse hasta la noche. Afuera, manifestantes intentaron derribar las vallas, arrojaron objetos contra los efectivos y obligaron a la Policía a utilizar camiones hidrantes y gases lacrimógenos para recuperar el control de la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos.
Buenos Aires – 6 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA-. El oficialismo consiguió sostener este jueves el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, después de rechazar una maniobra del bloque Justicialista para devolver el proyecto a comisión, mientras en las inmediaciones del Congreso se registraron graves incidentes entre grupos de manifestantes y las fuerzas federales desplegadas para aplicar el protocolo antipiquetes.
La sesión continuaba abierta al cierre de este cable y la votación en general todavía no se había producido. El debate comenzó poco después de las 14.15 y tenía anotados entre 38 y 39 oradores, por lo que las estimaciones parlamentarias situaban la definición entre las 21 y las 22, aunque otras fuentes no descartaban que se extendiera hasta pasada la medianoche.
La primera votación relevante favoreció a La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, pidió que el proyecto regresara a las comisiones debido a las modificaciones introducidas a último momento y a que la nueva redacción había sido distribuida pocas horas antes de iniciarse la sesión.
Mayans denunció que el despacho definitivo había llegado alrededor de las 11.45 y cuestionó al miembro informante, Agustín Coto, por reconocer que el texto incorporaba 17 cambios. El senador formoseño se comprometió a facilitar posteriormente los dos tercios necesarios para tratarlo, pero pidió suspender el debate hasta que todos los bloques pudieran estudiar la versión final.
La moción fue rechazada por 38 votos contra 31, una diferencia que mostró que el oficialismo mantiene una base suficiente para sostener la sesión, aunque no garantiza que todos esos senadores acompañen cada artículo ni el proyecto completo en la votación definitiva.
El número también quedó afectado por la controversia sobre la participación remota de Anabel Fernández Sagasti, del Partido Justicialista (PJ) de Mendoza, y Flavio Fama, de la Unión Cívica Radical (UCR) de Catamarca. Ambos habían recibido autorización de la presidente Victoria Villarruel para participar a distancia por razones médicas, pero la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, pidió enviar esos permisos a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Fernández Sagasti cursa un embarazo de 32 semanas y tiene indicación médica de no realizar viajes prolongados, mientras Fama fue operado de una rodilla. La decisión impidió inicialmente que ambos pudieran votar el proyecto y produjo una situación política singular: la senadora mendocina se oponía a la ley, pero el radical catamarqueño podía aportar un voto favorable o negociado al oficialismo.
La sesión fue presidida por Bartolomé Abdala, debido a que Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo Nacional durante el viaje del presidente Javier Milei a Ecuador. La Constitución establece que el vicepresidente debe reemplazar al mandatario cuando este se encuentra fuera del país.
El proyecto llegó al recinto sin el capítulo III, que reformaba el régimen de tierras rurales y elevaba del 15% al 25% el límite general de propiedad extranjera. La Libertad Avanza debió retirar ese tramo después de perder el respaldo de gobernadores y bloques provinciales, pero mantuvo las reformas sobre desalojos, expropiaciones, manejo del fuego, regularización dominial y digitalización de los registros inmobiliarios.
La eliminación del capítulo sobre tierras no detuvo la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organizaciones sociales, agrupaciones kirchneristas, partidos de izquierda y sectores vinculados con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
La protesta comenzó con una concurrencia reducida y columnas identificadas con sindicatos y partidos, pero aumentó durante la tarde con la llegada de manifestantes sin distintivos y dirigentes políticos. Kicillof arribó cerca de las 16.30, mientras también se encontraban integrantes del Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora, el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).
La convocatoria no llegó a colmar la plaza ni las calles adyacentes, aunque logró reunir una concentración importante frente al escenario montado de espaldas al Congreso. Las columnas repetían las consignas “La Patria no se vende” y “La tierra no se vende, no se quema ni se desaloja”, pese a que el capítulo que habilitaba una mayor participación extranjera ya había sido retirado.
Los incidentes comenzaron cuando un grupo ubicado en la primera línea intentó derribar las vallas instaladas en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. Algunos manifestantes se treparon sobre las estructuras metálicas y otros empujaron desde atrás para forzar el cerco policial.
Los efectivos recibieron el lanzamiento de objetos desde la concentración y respondieron inicialmente mediante un camión hidrante. Al persistir los intentos de avance, las fuerzas incrementaron la potencia del agua y utilizaron gases lacrimógenos para despejar la esquina y obligar a los manifestantes a retroceder.
La tensión se prolongó durante aproximadamente media hora. Desde el escenario, donde hablaba la exdiputada Myriam Bregman, se pidió mantener la calma, pero poco después se escucharon detonaciones y el gas comenzó a extenderse sobre parte de la plaza.
Alrededor de las 17.40 se interrumpió la lectura del documento conjunto y los organizadores pidieron desconcentrar ante el avance de la Policía. Una parte de los asistentes comenzó a retirarse mientras continuaban los cánticos contra Milei.
El operativo estuvo integrado por más de 2.000 efectivos de fuerzas federales y de seguridad. Los vallados bloquearon la circulación en sectores de Rivadavia, Combate de los Pozos, Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, mientras los agentes mantuvieron despejado el perímetro inmediato del Palacio Legislativo.
Dentro del recinto, el senador porteño Agustín Monteverde defendió la reforma de los desalojos y sostuvo que las usurpaciones y ocupaciones ilegales forman parte de un mercado organizado y tolerado por el Estado.
Monteverde afirmó que existen bandas que ocupan, subdividen y alquilan propiedades ajenas, y acusó a esos grupos de instalar deliberadamente a menores, adultos mayores y personas con discapacidad para dificultar la actuación judicial.
“Si quieren ser solidarios, háganlo con la propia, no con la de los demás”, expresó el legislador, quien sostuvo que el proyecto devolverá confianza a los propietarios, aumentará la oferta de inmuebles y contribuirá a reducir el valor de los alquileres.
El texto establece que los procesos de desalojo urbanos y rurales deberán tramitarse mediante juicio sumarísimo. Los propietarios podrán solicitar la restitución inmediata frente a intrusos o tenedores precarios, mientras que los inquilinos con falta de pago dispondrán de una intimación previa de diez días hábiles.
Tras la negociación con los bloques aliados, el oficialismo incorporó la obligación de dar intervención a los organismos de protección cuando en el inmueble residan menores o personas con discapacidad. En esos casos, el juez podrá establecer un plazo de hasta diez días para disponer una alternativa habitacional antes de ejecutar la medida.
La oposición rechazó esa argumentación. El senador Mariano Recalde denunció que el proyecto extiende los desalojos rápidos a inquilinos con contratos vigentes que acumulen deudas, en un contexto de caída del poder adquisitivo y dificultades para pagar los alquileres.
Recalde también cuestionó los cambios al régimen de expropiaciones y los describió como un mecanismo destinado a encarecer y judicializar cualquier intento futuro del Estado por recuperar tierras, servicios públicos o empresas privatizadas.
Jorge Capitanich sostuvo que el problema argentino no es la protección de quienes ya poseen bienes, sino la imposibilidad de los sectores populares de acceder a la propiedad. Alicia Kirchner y Marcelo Lewandowski también anunciaron su rechazo y acusaron al Gobierno de beneficiar a grupos económicos con capacidad de comprar activos públicos o privados.
El oficialismo mantuvo su confianza en conseguir la media sanción después de haber eliminado el capítulo de tierras. La composición de la votación inicial indica que cuenta con un piso de 38 senadores para impedir maniobras dilatorias, pero la votación artículo por artículo puede registrar deserciones y modificaciones adicionales.
La reforma de las expropiaciones obliga al Estado a justificar de manera específica la utilidad pública, demostrar que la medida es idónea, necesaria y proporcional, y pagar una indemnización calculada sobre el valor de mercado y los daños directos. El lucro cesante tendrá un límite inicial del 30% del daño emergente, salvo que el afectado demuestre una pérdida superior.
La iniciativa también extiende a productores rurales un mecanismo de regularización dominial por posesión pacífica durante diez años e introduce modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. Mantiene las restricciones en bosques nativos y reservas forestales, pero elimina prohibiciones prolongadas sobre campos productivos incendiados cuando sus propietarios no hayan provocado el fuego.
La sesión continuará durante varias horas y la votación definitiva será una nueva prueba para Bullrich, que ya debió sacrificar el capítulo considerado originalmente central por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Afuera, los organizadores comenzaron a desconcentrar después de los enfrentamientos, mientras la Policía mantuvo los vallados y el dispositivo de seguridad. Dentro del Senado, el oficialismo preservó hasta el momento el control del procedimiento, pero deberá demostrar durante la noche si los 38 votos que impidieron devolver el proyecto a comisión se transforman también en los votos necesarios para darle media sanción.
