Buenos Aires, 21 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- Una investigación judicial que avanzó en silencio durante meses empieza a tomar una dimensión política y económica de alto voltaje: la Justicia tiene bajo la lupa presuntos pagos de coimas de entre el 10% y el 15% para destrabar permisos de importación durante el tramo más cerrado del cepo cambiario aplicado en el gobierno de Alberto Fernández, cuando Sergio Massa ya concentraba poder decisivo sobre el área económica.
De acuerdo con la reconstrucción de la causa, el expediente está en manos del juzgado de Ariel Lijo, con intervención del fiscal Franco Picardi, y ya incluye casi 30 allanamientos, análisis de teléfonos, testimonios y pedidos de levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil sobre decenas de personas físicas y jurídicas. El foco no está puesto en maniobras menores ni en operaciones simuladas, sino en permisos de importación que efectivamente se habrían concretado y que, según las sospechas judiciales, habrían sido lubricados con retornos ilegales para acceder al dólar oficial en tiempo récord.
El dato que más inquieta en tribunales y en el mundo empresario es que la pesquisa ya no gira sobre rumores de pasillo ni sobre denuncias genéricas. La hipótesis que comenzó a consolidarse, siempre bajo secreto de sumario y con extrema cautela procesal, apunta a que ya estarían identificados al menos cuatro empresarios que habrían aceptado pagar sobornos, así como también las operaciones bajo análisis, por montos que superarían los 3,5 millones de dólares. En el lenguaje de la causa, eso supone haber pasado del comentario en off a indicios concretos con trazabilidad documental y digital.
La estructura investigada se habría movido alrededor del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), el mecanismo que rigió desde octubre de 2022 para administrar autorizaciones de importación y acceso al mercado oficial de cambios. Ese esquema, presentado en su momento como una herramienta de trazabilidad y previsibilidad, terminó bajo sospecha por la discrecionalidad con la que se manejaban aprobaciones, plazos y prioridades. En un país donde muchas empresas quedaron asfixiadas por la falta de dólares oficiales, la posibilidad de obtener una autorización rápida valía oro. Y, según la sospecha fiscal, algunos habrían pagado por ese privilegio.
En ese marco aparecen mencionados funcionarios del área de supervisión de entidades no financieras del Banco Central de la República Argentina (BCRA), además de operadores financieros y empresarios vinculados a casas de cambio. Entre los nombres que quedaron bajo imputación figuran Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García, todos ligados a la estructura de control del BCRA. También aparecen en la trama empresarios como Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles. La Justicia intenta determinar si hubo una red aceitada entre funcionarios, operadores privados y auditores externos que habría funcionado a ambos lados del mostrador.
Lo explosivo del expediente no es solo la presunta existencia de coimas, sino el contexto en el que habrían operado. Durante 2023, la Argentina importó bienes por más de 73.700 millones de dólares, en medio de una restricción cambiaria asfixiante, cupos implícitos, sectores productivos frenados y áreas sensibles con dificultades para reponer insumos. En semejante escenario, cualquier ventanilla con poder para habilitar el acceso al dólar oficial se convertía en un centro de presión, lobby y eventual corrupción. Por eso, si la causa confirma que hubo porcentajes preestablecidos para acelerar trámites, el impacto puede ser devastador: no se trataría de una irregularidad aislada, sino de la posible cartelización de un mecanismo estatal decisivo.
En tribunales también observan con atención el origen de esta nueva línea investigativa, derivada de otra causa en la que se analizaban maniobras entre financistas y operadores. La aparición de chats, capturas y archivos aportados por un imputado colaborador habría abierto una ventana inesperada sobre el funcionamiento interno de ese ecosistema. En otras palabras, una pelea dentro del submundo financiero habría empezado a tirar del hilo de un sistema mucho más grande.
El expediente todavía debe atravesar una prueba decisiva: transformar indicios, cruces telefónicos y movimientos económicos en responsabilidades penales individualizadas. Pero aun en esta etapa preliminar, la causa ya proyecta una sombra pesada sobre la última etapa del poder peronista. Porque si se confirma que el acceso a importaciones dependía, en algunos casos, no solo de la necesidad productiva ni de la capacidad financiera de la empresa, sino también del pago de retornos clandestinos, el país habrá tenido durante el cepo uno de los negocios más obscenos y rentables montados alrededor del control estatal del dólar.
