Buenos Aires – 20 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, cuestionó con dureza al vocero presidencial, Adrián Ravier, después de que el funcionario definiera a la Argentina como un “país bananero” y vinculara esa condición con la imposibilidad de recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas.
El cruce abrió una nueva controversia dentro de la política exterior del gobierno de Javier Milei, cuya posición frente al archipiélago del Atlántico Sur ha sido reiteradamente objetada por sectores de la oposición, excombatientes y especialistas en relaciones internacionales.
“Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas”, había escrito Ravier en su cuenta de la red social X. El portavoz añadió que las posibilidades de avanzar con el reclamo aumentarían si la Argentina volviera a ser “grande, próspera y respetada”, y sostuvo que “la única vía es la diplomática”. La publicación se produjo después de que integrantes de la Selección argentina desplegaran una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial.
Ferraro rechazó tanto la descalificación del país como la interpretación oficial sobre las condiciones necesarias para ejercer el reclamo soberano.
“No, señor, no somos un país bananero. La Argentina es un país extraordinario, con un potencial enorme”, respondió el legislador. Sin embargo, advirtió que el país continúa “atado a quienes lucran con la corrupción, la connivencia entre el poder político, los negocios y sectores de la Justicia, y la falsa idea de que cada argentino debe elegir una trinchera”.
El dirigente de la Coalición Cívica también relacionó la cuestión Malvinas con las políticas económicas, territoriales y geopolíticas impulsadas por el Ejecutivo.
“La soberanía no se defiende siendo perritos falderos de ninguna potencia ni de intereses corporativos y/o extranjeros”, afirmó Ferraro, antes de advertir que tampoco se protege el territorio nacional “institucionalizando regímenes de excepción ni entregando nuestras tierras y recursos estratégicos”.
La expresión fue interpretada como una crítica directa al alineamiento internacional de Milei con los Estados Unidos y el Reino Unido, así como a las iniciativas oficiales que buscan flexibilizar las condiciones para inversiones extranjeras y eliminar restricciones a la adquisición de tierras por parte de capitales del exterior.
Aunque Ravier afirmó correctamente que la solución debe buscarse por medios diplomáticos, el reclamo argentino no depende jurídicamente de que el país alcance previamente determinados indicadores económicos ni de que sea considerado una potencia por otras naciones.
La Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional establece que la Argentina ratifica su soberanía “legítima e imprescriptible” sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes. La recuperación de esos territorios constituye, además, “un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional.
Por lo tanto, ningún gobierno puede condicionar la vigencia del reclamo a la prosperidad económica del país ni presentar la soberanía como una aspiración facultativa, negociable o subordinada a la aprobación de una potencia extranjera.
La ONU volvió a respaldar las negociaciones
La controversia se produjo menos de un mes después de que el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas aprobara por consenso una nueva resolución que instó a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones destinadas a encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa.
La resolución del 25 de junio fue presentada por Chile y copatrocinada por Bolivia, Nicaragua, Cuba y Venezuela. El pronunciamiento renovó el respaldo internacional obtenido por Buenos Aires desde la aprobación de la Resolución 2065 de la Asamblea General, en 1965.
La Resolución 2065 reconoce expresamente la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y exhorta a ambos gobiernos a negociar. También determina que deben considerarse los “intereses” de los habitantes del archipiélago, y no sus “deseos”, una diferencia central que contradice la aplicación automática del principio de autodeterminación promovido por Londres.
La posición expresada por Ravier reproduce parcialmente una idea sostenida por Milei: que la Argentina debe convertirse en un país económicamente exitoso para que los habitantes de las islas prefieran integrarse voluntariamente al territorio nacional.
En abril de 2025, el Presidente afirmó que el objetivo debía ser lograr que los isleños “prefieran ser argentinos”. Esa formulación generó fuertes objeciones porque se aproxima a la tesis británica de la autodeterminación y se aparta de la doctrina diplomática argentina, que considera a los actuales habitantes una población implantada por la potencia ocupante después de la expulsión de las autoridades argentinas en 1833.
La discusión también coincidió con un nuevo incidente diplomático por la presencia del patrullero militar británico HMS Medway. La Cancillería presentó el 13 de julio una protesta formal contra el Reino Unido por movimientos que no habrían sido debidamente notificados y que involucraron el tránsito por el mar territorial argentino.
El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó al buque como “ilegalmente destacado” en Malvinas y sostuvo que su desplazamiento constituye otro acto unilateral incompatible con las resoluciones de las Naciones Unidas.
El Reino Unido rechazó la protesta y argumentó que el navío realizó un paso inocente conforme al derecho marítimo, mientras mantiene su negativa a discutir la soberanía y continúa reforzando su presencia militar, económica y logística en el Atlántico Sur.
El pronunciamiento de Ferraro apuntó así a una contradicción política de fondo: mientras el Gobierno reivindica formalmente la vía diplomática, funcionarios del propio Ejecutivo utilizan expresiones que degradan a la Argentina, relativizan el carácter constitucional del reclamo y sugieren que la soberanía solo podría ejercerse después de alcanzar condiciones económicas determinadas.
La fortaleza económica puede mejorar la capacidad de negociación y la influencia internacional del país, pero no crea ni extingue derechos soberanos. Para la Constitución y para las resoluciones de la ONU, la disputa existe independientemente de la coyuntura económica argentina.
El reclamo sobre Malvinas no constituye una concesión de las potencias, sino una política de Estado respaldada por argumentos históricos, geográficos, jurídicos y diplomáticos. Su defensa exige continuidad, prudencia y firmeza, pero también evitar declaraciones oficiales que puedan ser utilizadas por Londres para debilitar la posición argentina en los foros internacionales.
